Research article

Los impuestos recaen sobre los más pobres: un estudio desde el Partido de La Matanza

Resumen

Los impuestos son la fuente principal de recursos del Estado, para que este pueda brindar los servicios esenciales para la vida en sociedad: salud, educación, justicia y seguridad; asegurando de este modo los derechos humanos básicos a cada uno de los habitantes de un país. Pero junto a ello, son además un instrumento central de la política económica. La naturaleza o característica del sistema tributario, incide en la distribución del ingreso, y puede constituir además una herramienta eficaz para luchar contra la pobreza y la desigualdad. En Argentina y en América Latina, desde la década del 70 el sistema tributario se fue conformando esencialmente de impuestos regresivos, que recaen sobre los más pobres, lo que ha agravado la desigualdad entre los distintos sectores sociales y contribuido a incrementar la pobreza. El Partido de La Matanza, a menos de 30 minutos de la ciudad de Buenos Aires, es el de mayor población de la Argentina, y donde se grafica como en pocos lugares estás inequidades, que solo podrán superarse si comprendemos que el camino de construir un país para todos, necesita un Estado donde todos participemos. Para ello hacer un sistema tributario mas progresivo posibilitará contar con los recursos para lograrlo y al mismo tiempo atacar las causas de la desigualdad y la pobreza.

The taxes relapse on the poorest: a study from the Municipality of La Matanza

Abstract

The taxes are the main source of resources of the State, so that this it can offer the essential services for the life in society: health, education, justice and security; assuring in this way the basic human rights to each one the inhabitants of a country. But next to it, they are in addition a central instrument to the economic policy. The nature or characteristic of the tributary system, affects the distribution of the entrance, and can constitute in addition an effective tool to fight against the poverty and the inequality. In Argentina and Latin America, from the 70 decade of the tributary system went essentially conforming of regressive taxes, that fall on but the poor ones, which is aggravated the inequality between the different social sectors and contributed to increase the poverty. The Municipality of La Matanza , to less than 30 minutes of the city of Buenos Aires, is the one of greater population of Argentina, and where graphical as in few places you are inequities, that single will be able to be surpassed if we understand that the way to construct a country for all, needs a State where all we participate. It to make tributary but progressive a system it will make possible to count on the resources to manage it and at the same time to attack the causes of the inequality and the poverty.

Desigualdad y pobreza: el crecimiento no alcanza

Las crisis como bien sabemos los argentinos después del 2001, nos afectan a todos como sociedad. Pero no nos afectan a todos por igual, quienes más sufrieron la peor crisis histórica en Argentina y están sufriendo ahora los efectos de la crisis mundial, son siempre los mismos, los que menos tienen. Los importantes avances logrados entre los años 2003 y 2007, en materia de ccrecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y del nivel de empleo nos han permitido mejorar, pero aun persisten las grandes desigualdades. En nuestro país, si bien el índice de pobreza se redujo en un 30,6%, del 2003 al 2007, el coeficiente de Gini que mide cuan desigual es nuestra sociedad, se redujo solo en un 11%, menos de la mitad en igual periodo. La desigualdad, lo cubre todo; en un país como el nuestro que produce 100 veces más alimentos que los que necesita su población, que un solo chico se muera de hambre constituye un verdadero genocidio. Nuestro país ejecuta de este modo todos los días 100 chicos menores de 12 meses. Como sociedad debemos actuar y honrar nuestros compromisos, “la deuda social argentina sigue siendo inadmisible” (Kliksberg 2003). Es hora de ponernos en marcha y hacerlo.

En Argentina, la mayoría de nuestros dirigentes políticos, por lo menos en lo que expresan públicamente, coinciden en que debemos terminar con la pobreza. El debate luego de las elecciones de junio de 2009, se ha centrado en cuál es la mejor forma de hacerlo, si a través de la asignación universal por hijo o por medio de políticas de generación de empleo. En realidad, que la discusión figure en la agenda publica es un gran avance, y todo lo que hagamos para saldar nuestra deuda social es importante, pero no deben ser alternativas excluyentes, sino complementarias. Y si bien se ha mencionado la cuestión del financiamiento de estas iniciativas, poco se ha dicho sobre la posibilidad de reformular el sistema tributario, para utilizarlo como herramienta en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Mediante el gasto público, el Estado redistribuye ingresos desde los sectores más ricos hacia los más vulnerables, sean personas, sectores económicos o regiones y los impuestos son un mecanismo para financiar este proceso, pero también, en sí mismos, son un formidable instrumento de redistribución.

El sistema tributario como causa de la desigualdad en Argentina y America Latina

El problema en nuestro país como en Latinoamérica es que tanto el sistema impositivo nacional, como el provincial o el municipal, están compuestos mayoritariamente por tributos indirectos que gravan los consumos y que recaen de este modo sobre los sectores de menores recursos. En 2007 el Impuesto al valor agregado (IVA) en Argentina, representó el 30,25% de la recaudación, y si consideramos los otros impuestos sobre los consumos a nivel nacional (débitos y créditos bancarios, combustibles, cigarrillos, etc.) tenemos que en conjunto representan el 66,66% de la recaudación total. Si a esto le agregamos, que el impuesto que aporta la mayor parte de la recaudación tributaria de las provincias de nuestros país, es otro impuesto a los consumos, como es el impuesto sobre los Ingresos Brutos, que además es más regresivo que el IVA  por su efecto cascada, que representa en promedio el 66% de la recaudación de cada provincia, tenemos como resultado que nuestro sistema tributario en conjunto es de los más regresivos de Latinoamérica y el mundo.

La evidencia empírica sugiere que la proporción del consumo en el gasto de una familia, se reduce al aumentar el nivel de ingreso del hogar. Dado que la estructura tributaria argentina está basada principalmente en impuestos sobre el consumo, es regresiva, es decir, los contribuyentes de menores ingresos pagan proporcionalmente más que los de ingresos más elevados.

Esto se ve claramente con un ejemplo, siendo que casi todos los bienes y servicios de la economía están gravados por el IVA, al 21%, un trabajador que perciba el salario promedio nacional de $ 2.724 mensuales, destinará la totalidad de ese ingreso al consumo, esto es: alimentos, transporte y servicios públicos, y ya que todo está gravado por este impuesto, de su salario $ 472,76 lo consume en IVA, lo que representa un 17,36% de su ingreso y $2.251,24 en bienes y servicios.

Pero dado que además del IVA nacional, debemos estimar la traslación en todo el proceso económico de los impuestos provinciales al consumo (Ingresos Brutos) y las tasas municipales que también gravan el mismo, este trabajador tributa de impuestos indirectos sobre este salario un 24,29% aproximadamente Dicho de otra forma, por cada $1.000 de salario $ 242,90, paga en impuestos a los consumos, que en muchos casos dado el nivel de evasión tributaria, o incumplimiento teórico de los mismos, no llegan a las arcas públicas (Esto es porque el IVA recae sobre las distintas etapas del proceso económico, y los responsables en cada etapa desde la primaria, industrial, mayorista hasta la minorista adicionan el IVA al  precio de los bienes y si no emiten la factura o el ticket no lo declaran ni lo ingresan).

Por otra parte, una persona que tiene un ingreso de $ 10.000 mensuales o más, con seguridad que podrá destinar parte de su ingreso al ahorro o la inversión, monto sobre el que no pagará el IVA hasta tanto no consuma. En otras palabras, si consume el 50% de su ingreso pagará efectivamente una tasa de IVA del 10,50% sobre lo que destinó a consumo.

En los países con administraciones tributarias poco eficientes y con altos porcentajes de evasión, recaudar impuestos sobre el consumo es más sencillo que hacerlo sobre los ingresos y beneficios de empresas y personas. Sin embargo, en una estructura tributaria de este tipo, sumamente regresiva, la evasión se auto refuerza y una caída en los niveles de actividad económica hacen caer considerablemente la recaudación.

Por otra parte, por la naturaleza técnica de estos impuestos, los mismos son traslados desde los responsables de su liquidación o sujetos designados por la ley para ingresarlo, hacia el consumidor final o sujeto de hecho, quien en definitiva soporta efectivamente la carga del impuesto, a través del precios de los bienes y servicios que consume, sin posibilidades de evadir el impuesto. En este esquema las altas tasas del impuesto, y las ineficiencias de control han actuado como un incentivo a evadir el impuesto recaudado por parte de quienes actúan en las distintas etapas del proceso económico como intermediarios entre el Estado que debe recibir y el consumidor que paga el impuesto. El porcentaje de incumplimiento en el IVA en nuestro país en 2007, según la AFIP fue del 19,50%, el que si bien ha sido el más bajo desde el 2002 cuando llegó al 34,8%, representa una pérdida de la recaudación teórica de unos $ 14.772 millones, con la que podrían desarrollarse muchas de las iniciativas para saldar la deuda social que necesitamos. 

A nivel nacional el impuesto sobre los consumos por excelencia, es el IVA (Impuesto al valor agregado), que grava casi la totalidad de los bienes y servicios, en todas las etapas de la economía, con una alícuota general del 21%, salvo unos pocos bienes gravados al 10,5%, con los servicios públicos (Luz, gas y teléfono) al 27% y con muy pocas exenciones. Para el periodo 1998-2001, este impuesto a los consumos, explicó el 30,9% de la recaudación tributaria nacional, un 6,7% del PBI. En Latinoamérica, para el mismo período en promedio el 33% de los ingresos tributarios se generaron con el IVA, un 5,8% del PBI, mientras que en los países del G-7 aportó tan solo el 16,8% de los ingresos tributarios, un 5,2% del PBI y elevándose en países miembros de la OCDE al 20,5% de los ingresos tributarios, un 6,5% del PBI.

Es un hecho al comparar los datos de nuestro país con otros países de Latinoamérica y el mundo que la presión tributaria es muy baja y que se podría recaudar mucho más, generando recursos invalorables para el Estado. Esto no necesariamente implica que deban pagarlos, como ha venido ocurriendo hasta ahora, los sectores más vulnerables.

Para el periodo 2007 la presión tributaria en Argentina se ubica por debajo de los valores internacionales, ascendiendo al 29,16%, bastante por debajo de los países de la OCDE cuyo promedio ronda el 37%, o los de mayor desarrollo social como por ejemplo Suecia donde la misma supera el 50%. Podemos decir que más allá que la presión tributaria, aparece como baja en relación a los países desarrollados, y de la discusión que esta afirmación produce en nuestros país y en Latinoamérica, sobre que en realidad la presión tributaria real es mayor por el alto grado de evasión existente, lo que resulta incontrastable es que donde más baja es la presión tributaria, haciendo aparecer al sistema en un su conjunto como muy regresivo, es en el impuesto a la renta. Mientras que para los países de la OCDE la presión tributaria en relación al PBI para el impuesto a la renta es del 13,5% y la de los impuestos a los consumos del 6,5%, en Argentina esos indicadores son del 4% del PBI para el impuesto a la renta y del 8,5% en los impuestos a los consumos para el periodo comparado de 1998-2001. Es decir recaudamos en impuestos progresivos 3 veces menos que el mundo desarrollado, mientras que la recaudación en impuestos regresivos es casi el doble.

Todos los indicadores, sin dudas grafican claramente porqué la desigualdad en Latinoamérica es la más alta del planeta, y porqué la política fiscal ha sido y sigue siendo una de las causas de esa desigualdad.

En los países desarrollados la base de la recaudación son los impuestos directos o progresivos, como el impuesto a las ganancias o sobre el patrimonio, y si bien existen impuestos sobre el consumo, es clara la legislación para atenuar el impacto sobre los sectores de menores recursos, mediante la exención de los bienes de primera necesidad o aplicando tasas de impuesto inferiores en el IVA, desde el 0% para intentar atenuar la manifiesta regresividad de los impuestos al consumo. En Argentina tenemos una alícuota general del 21%, que supera claramente el promedio de Latinoamérica que se ubica en el 16,2%, y muy poco es lo que ha quedado en la legislación para atenuar la regresividad en materia de tasas diferenciales o exenciones a bienes y servicios de consumo esencial En los países del G7, el promedio de tasa del IVA es del 14,2% y para los miembros de la OCDE del 17,9%. Es claro que el diseño de su sistema impositivo es una herramienta central de política económica, que permite lograr la distribución del ingreso o la riqueza.

La Política Tributaria debe ser equitativa, es decir, debe promover la igualdad. La importancia fundamental de la equidad radica en que, en la medida que los contribuyentes perciban que el sistema tributario es justo, mayor será su aceptación.

Es decir que se trata de gravar con mayores impuestos a los sectores de mayores recursos que más posibilidades tienen de contribuir con el sostenimiento del Estado, y que este pueda con esos recursos brindar los servicios necesarios para la vida en sociedad. Pagar nuestros impuestos es una obligación social, ya que con los impuestos el Estado debe brindarnos: salud, educación, justicia, seguridad y administrar los bienes públicos que son de todos nosotros adecuadamente permitiendo además asegurar los derechos que nuestra Constitución consagra, para todos los que habitamos este país, sin distinción alguna.

En Latinoamérica en general y en nuestro país en particular, tristemente esto está muy lejos de ocurrir y está claro que no solo no recibimos esos servicios adecuadamente sino que en muchos casos debemos pagar prestaciones privadas o adicionales por cada uno de ellos, esto claro si contamos con los medios para hacerlo, sino debemos conformarnos con lo poco que el Estado nos brinda, y en algunos casos con tan poco que muchos de nuestros hermanos de menores recursos no reciben nada, siendo que son ellos los que soportan la carga en mayor medida, por un sistema tributario compuesto mayoritariamente por impuestos sobre los consumos.

Claro está, que la política tributaria, no es un hecho aislado de la política económica y si vemos desde cuando se da este cambio de un sistema tributario compuesto mayoritariamente por impuestos progresivos es decir que gravan la ganancia y el patrimonio, por este sistema basado en impuestos regresivos que gravan el consumo, nos encontráremos con que el mismo comienza allí por 1976, perfeccionándose desde 1990 en adelante y así hasta el 2003 donde el establecimiento de retenciones a las exportaciones de los productos con valor internacional o commodities (petróleo, cereales, etc.) cuyos productores se han visto con una super renta adicional por la devaluación del 200% del peso, se ha introducido algo de progresividad al sistema y no permitiendo además el desabastecimiento de esos productos exportables, lo que generó en el seno de la sociedad un conflicto de intereses con los sectores afectados que aun hoy perdura.

Estos impuestos al comercio exterior que en 2001 representaban el 0,61% de la recaudación en relación al PBI y en 2008 alcanzaron el 4,35% del PBI, han sido históricamente una fuente muy importante de recursos tributarios y un instrumento de política económica además,  que paradójicamente también fueron disminuidos durante los procesos de apertura de la economía coincidentes con la destrucción de nuestro aparato productivo. Si tomáramos estos impuestos como un gravamen adicional a la renta, aun así no se alcanza a revertir en conjunto con lo que se recauda del impuesto a las ganancias, el claro sesgo regresivo del sistema tributario, entre ambos se recauda casi un 9% del PBI lejos del promedio del mundo desarrollado, manteniendo además una situación de conflicto con los sectores que lo tributan que lo perciben como extraordinario y por ende temporal. 

La realidad es que la alta evasión en materia del impuesto a las ganancias en Argentina y Latinoamérica, explica gran parte de esta inequidad pero también las políticas económicas aplicadas como dogma único en los últimos 30 años, han utilizado el sistema tributario para que la misma se profundice. Gran parte del origen de nuestras importaciones y el destino de nuestras exportaciones, son realizadas por las corporaciones transnacionales o por las mismas empresas locales, a través de los paraísos fiscales que desde los 90 se han convertido en la herramienta que bajo el concepto de planificación fiscal ha permitido evadir y ocultar importantes recursos a nuestros Estados nacionales. Bajo el concepto planificación fiscal las compañías multinacionales, cuyo resultado o beneficio es global, planifican cómo dejar la renta por operaciones entre compañías en aquellos países de nula o baja tributación, esencialmente los paraísos fiscales, lo cual resulta de difícil fiscalización por parte de nuestras administraciones tributarias.

Adicionalmente cabe agregar, que a partir de esa fecha coincidentemente asistimos al incremento permanente de nuestra deuda externa, la que fue originando año a año la necesidad de mayores recursos del Estado para el pago de los intereses y/o el capital de la misma, los que surgen también de la recaudación tributaria. Cuando estos no alcanzaron, las políticas implementadas hicieron aun más regresivo el sistema tributario,  teniendo que pagar ante la falta de recurso con nuestros bienes (léase empresas estatales y  recursos naturales), y así sucesivamente, en un círculo vicioso donde hemos ido perdiendo todos como Nación, recibiendo cada vez menores servicios del Estado por los impuestos pagados o pagando cada vez más impuestos a cambio de menos servicios brindados por el Estado para la comunidad, situación en la que como hemos visto por las características de nuestro sistema tributario, aun hoy siguen pagando más los que menos tienen y que son también los que menos reciben desde las políticas públicas.

Ideas para la crisis: La política fiscal como herramienta en la lucha contra la pobreza y la desigualdad

En estos momentos de crisis es cuando el debate a fondo del sistema impositivo se hace más importante, sobre todo porque puede ser esta una herramienta importante en la distribución de la riqueza y en mejorar la posición de los sectores de menores recursos que sentirán con mayor impacto la crisis global, y porque ha sido el sistema tributario uno de los factores que ha incidido en los niveles de pobreza y desigualdad, ya sea por la vía de gravar en mayor medida a nuestros hermanos de menos ingresos o porque permitió desfinanciar el Estado impidiendo que lleve adelante las políticas necesarias para mejorar su situación social.

Los consensos dentro de la sociedad no se producirán sino se produce un debate claro y abierto en todos los ámbitos que refleje la verdad histórica de los datos relacionados con nuestra estructura tributaria y su comparación con otros países del mundo estableciendo con claridad y firmeza hacia donde debemos dirigir el esfuerzo y señalando con claridad la naturaleza de las cargas tributarias. Por ello además resulta indispensable poner en claro las cifras de la evasión en nuestro país que sumado a la constante fuga de capitales suponen una clara ofensa a todo el pueblo argentino. En ese sentido algunas de las ideas que pueden aportarse a la gran discusión que en conjunto debemos dar, son las siguientes:

1. Profundizar el camino emprendido en la educación tributaria, como medida de fondo en la reducción de la evasión fiscal. Es necesario llevar adelante una fuerte campaña de concientización sobre la naturaleza de los distintos tributos, obligando a la discriminación de los mismos en las operaciones con consumidor final, entre otras opciones, para que el beneficio de la reducción de las alícuotas del IVA en los bienes de consumo se traslade efectivamente a los precios de los productos. El conocimiento implicará mayor participación social y el control necesario por parte de la población de los recursos de todos.

2. Reducción del IVA en los alimentos de la canasta básica, a tasa 0%, o del 2 al 5% según los casos. El empleo de tasas diferenciales menores resistido por muchos en Latinoamérica, es lo que la legislación comparada de los países con un sistema tributario más equitativo indica como recomendado.

3. Reducción del IVA en los servicios públicos para sectores de menores consumos, a una alícuota inferior a la actual, que puede compensarse con una alícuota mayor en sectores de mayores consumos.

4. Eliminación del IVA en los servicios de salud, especialidades medicinales y otros servicios esenciales para la salud, y estudiar todas aquellas medidas que conlleven a atenuar su regresividad manifiesta en los sectores más desprotegidos de la sociedad.

5. Restablecer la progresividad en la imposición a los consumos, con el restablecimiento de los impuestos selectivos a los consumos suntuarios o impuestos internos que fueron reducidos o derogados durante los años 90 por considerarlos “distorsivos”, en los niveles y alcances de ese entonces. Estos impuestos además cumplen una función social desalentando consumos nocivos para la sociedad y eran una fuente importante de recaudación, que permitiría financiar la reducción del IVA y aportar equidad al sistema.

6. Restablecer el Impuesto a la herencia o a la transmisión gratuita de bienes y ganancias eventuales derogado en 1977, con el mismo argumento de ser “distorsivo” o que implicaba una doble imposición. Este impuesto existe en la mayor parte de los países desarrollados del mundo, con alícuotas similares al impuesto a las ganancias y con el establecimiento de mínimos no imponibles adecuados, que dejen fuera de imposición a sectores asalariados y medios de nuestra sociedad.

7. Gravar las denominadas rentas financieras con el impuesto a las Ganancias, esto es las rentas exentas de plazos fijos y títulos públicos cuya recaudación se estima en el orden de los 3.600 millones de pesos es decir un 0,35% aproximado del PBI. Estas ganancias también se encuentran gravadas en la mayor parte de los países desarrollados y aquí la explicación de la necesidad de financiamiento del sector público, justifica la inequidad de que quien obtiene rentas financieras tribute 0% y quien percibe un salario mínimo aporte casi el 25% de su ingreso, en este caso también es de apreciar que la medida ha beneficiado y beneficia a nuestros acreedores y a los sectores de mayores ingresos, ya que el establecimiento de mínimos no imponibles adecuados en el impuesto a las ganancias de las personas físicas, dejaría fuera del ámbito del gravamen a los sectores de menores ingresos que decidieran invertir en estas imposiciones, y ayudaría además a generar el cambio cultural necesario para dejar de lado la idea de la renta financiera sin esfuerzo en desmedro de la cultura del trabajo.

8. Gravar las Ganancias obtenidas por personas físicas residentes en el país y beneficiarios del exterior, provenientes de la compraventa de acciones y demás títulos valores, que se encuentran exentas,  cuya recaudación no se encuentra estimada pero si tenemos presente que el volumen operado en 2008 ascendió a 238.000 millones, cualquier tributación por mínima que suponga representaría además de una fuente importante de recursos fiscales, una muestra de equidad y justicia tributaria elementales.

9. Del mismo modo y dado el costo fiscal que han tenido y tienen se propone reducir y eliminar los planes o proyectos de promoción o diferimiento del IVA que conllevan un costo fiscal muy elevado, sin beneficios apreciables para el país que se puedan verificar y que han posibilitado en algunos casos importantes maniobras de evasión y corrupción.

Sin dudas que además de estas y otras propuestas que podremos encontrar, es necesario retomar la idea de la importancia de las políticas públicas y el rol esencial del Estado que en este punto, ni aún los defensores a ultranza del pensamiento ortodoxo pueden negar. En ese sentido una Reforma Tributaria, que nos lleve hacia un sistema más justo y progresivo que permita además financiar las iniciativas que como sociedad en su conjunto deberíamos  debatir junto a esta reforma, exigirá la coordinación de políticas fiscales y de control entre los distintos niveles de gobierno para el cobro de tributos. Muchas veces se modifican alícuotas o se crean nuevos impuestos teniendo en cuenta las necesidades de financiamiento individuales, sin considerar el impacto que estos cambios tienen sobre los consumidores y la sociedad en su conjunto. Con frecuencia se termina pagando impuestos a nivel federal y provincial sobre un mismo hecho imponible, por lo que resulta necesario coordinar con las distintas provincias un plan estratégico de control de la evasión a través de una base de datos integrada con información de los contribuyentes y la simplificación y unificación de normas de inscripción y registrales entre los distintos estamentos de organización del Estado Nacional, Provincial y Municipal.

Avanzar en el control público y la transparencia de la gestión del Estado, a través de las herramientas del gobierno electrónico y el acceso de los ciudadanos a la información sobre los recursos y gastos públicos serían herramientas esenciales para alcanzar los objetivos de una sociedad más justa e igualitaria, la participación y la democratización de esa información son los caminos posibles para hacerlo. Para ello deberemos comprender de una vez por todas que el Estado somos todos y que depende de nosotros hacer de él la herramienta que permita transformar nuestra sociedad.

 Un país para todos, un Estado de todos

Próximos a cumplir nuestros primeros 200 años como Nación, es bueno recordar que el problema como su solución, y las respuestas a la desigualdad y asimetrías entre los beneficios a los cuales algunos ciudadanos podemos acceder  en la Capital de nuestro país y el resto que especialmente se hace visible en el Gran Buenos Aires que lo circunda, tiene casi tantos años como nuestra organización nacional. Estas desigualdades, que nos obligan a la reflexión, no pueden resumirse en cuestiones económicas. La calidad de vida de millones de compatriotas tendría que convertirse en un problema de Estado. El hecho que la Argentina presente áreas de desarrollo humano del primer mundo como en la ciudad de Bs. As., mientras a 30 Km. de la Casa de Gobierno, la mayor parte de la población no tiene cloacas, agua corriente, ni una buena atención de salud, merece respuestas conjuntas de toda la sociedad si es que en verdad queremos convertirnos en una Nación, cuyos límites no terminen en la General Paz.

Algunas cifras son por demás ilustrativas. La ciudad capital de la República Argentina tiene una superficie de 202 Km. cuadrados. Viven allí unos 3 millones de personas. Sumando la población del área metropolitana, el total supera los 10 millones. Ello la convierte en uno de los 10 centros urbanos más poblados del mundo. Posee 33 hospitales, y 37 centros de salud. Cuenta con servicios de cloacas y agua corriente para todos sus habitantes, además de una importante cantidad de establecimientos educativos, y la mayoría de las universidades nacionales. Concentra la actividad cultural más importante del país. Alberga la mayor parte de las sedes de las empresas, y se desarrolla la actividad financiera. Su presupuesto en 2008 fue de $ 13.000 millones.

El partido de La Matanza limita con la Ciudad de Bs. As. Se ubica en la provincia del mismo nombre, dentro del denominado Gran Buenos Aires. Es el más grande del conurbano. Tiene 325,71 kilómetros cuadrados. Según el censo de 2001, posee 1.249.958 habitantes. Estos datos son cuestionados. Se hace mención a las dificultades con que se ejecutó ese censo. Por ello, cifras no oficiales tanto de la Municipalidad, como de otras fuentes, elevan la población a 2 millones de personas. Todo esto la lleva a ser conocida como “la quinta provincia”. Posee 3 hospitales municipales, 2 provinciales y uno nacional, además de unos 10 centros de primeros auxilios. La mayoría de su población, con excepción de las zonas más ricas, no cuenta con agua potable, ni cloacas, obras que recién se han puesto en marcha, merced a programas nacionales. Fue uno de los distritos que sufrió con mayor fuerza los efectos de las políticas económicas del 76 y los 90, con el cierre de innumerables fábricas y plantas industriales, como también de talleres y PYMES vinculadas a las mismas. La desocupación trepó a más del 50%. Otro tanto sucedió con la pobreza y la indigencia. En el pico de la crisis, más de 200.000 matanceros recibían ayuda a través de los planes asistenciales. El presupuesto de 2008, alcanzó la cifra de $ 500 millones.

Si comparamos los datos de la Capital, y los del principal distrito del Gran Buenos Aires, las asimetrías y desigualdades son evidentes. El presupuesto por habitante por año de la Ciudad de Buenos Aires es de $ 4.333 mientras que el de La Matanza es de apenas $ 275 por habitante por año.  Sin la ayuda del Estado Nacional, a través de los impuestos que este recauda, superar estas desigualdades parece imposible.

Es aquí donde la política fiscal y la importancia de la misma para superar esta situación se podría graficar con una pregunta,  ¿De dónde salieron los recursos que permitieron construir los 33 hospitales de la hoy Ciudad Autónoma de Bs. As. capital de nuestra Nación, sus cloacas, sus usinas y redes de agua corriente, sus escuelas, sus teatros, sus calles y autopistas, sus monumentos, sus comisarías y todo eso que la hacen una capital mundial, con zonas que en nada deben envidiar a Nueva York o París, y que sin dudas son orgullo de todos los argentinos? La respuesta es tan obvia que no merecería ser escrita. Todo lo que hoy tiene la Ciudad de Buenos Aires, lo pagamos todos los argentinos, desde el más pobre habitante de La Quiaca, el jubilado de Ushuaia, hasta los chiquitos enfermos por la contaminación del Ceamse (Cinturón ecológico área metropolitana) de González Catan, a través de los impuestos que el Estado recauda.

Pero más allá de la discusión económica, la naturaleza del problema sigue siendo otra. Los habitantes de la capital de nuestra Nación tienen todo su derecho a vivir bien, y aunque a lo mejor algunos crean que la Argentina, como antaño, sigue terminando en la Gral. Paz, y la realidad pareciera a diario darles la razón para creerlo, solo seremos en verdad una Nación para todos y no solo para algunos, cuando todos, porteños, bonaerenses, nos sintamos argentinos y logremos construir de una vez y para siempre un país que merezca ser vivido en cada rincón y por cada habitante, para ello es imprescindible comprender que la política fiscal es además la forma de lograrlo si entendemos que quienes más tenemos más debemos contribuir a hacerlo, y no como hoy donde los impuestos recaen sobre los más pobres, paradójicamente esos a quienes decimos querer ayudar con políticas que aún hoy seguimos sin implementar.

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7. Proyecto CYTMA-CE 002 "Sistema Tributario Argentino en el Orden Nacional, Provincial y Municipal; su análisis, evaluación, diagnostico y propuesta para la optimización de las normas que lo integran y del funcionamiento de los respectivos organismos”  Directores: Martínez Daniel, Longo Alberto, Marx Rubén. Avance a Junio 2009.

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ISSN 1666-1680

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Vol.:09
Nro.:01
Buenos Aires, 15-01-2010

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