Calidad educativa: políticas de seguimiento de graduados universitarios en universidades estatales

Resumen

Actualmente, se ha percibido que existe la necesidad de contar con un sistema que permita evaluar los resultados del trayecto formativo del egresado, el producto final y la incidencia en la sociedad. En el presente trabajo se realiza un análisis de las políticas nacionales estatales que posee Argentina, Chile y Colombia acerca de las actividades de vinculación y los estudios de seguimiento de graduados universitarios. Por lo que se espera, que este estudio sea de utilidad para detectar, evaluar y corregir las políticas y estrategias de exploración de los egresados en su situación actual.

Education quality: policies of university graduates follow-up in state universities

Abstract

Currently, it has been perceived that there is a need for a system to assess the results of the formative path of the graduate, the final product and its impact on society. In this paper an analysis of the state and national policies that owns Argentina, Chile and Colombia about linking and study of university graduates is performed. As expected, this study will be useful to detect, assess and correct the situation of graduates in today's workplace.

Introducción

Entrado el siglo XXI el seguimiento de graduados se debe contemplar como una de las estrategias necesarias para el mejoramiento de la educación superior. Hoy, es de vital importancia para las universidades aumentar el grado de competencia de los graduados, adaptar sus programas, incrementar su índice laboral y de empleabilidad. Esto será posible llevarlo adelante, entre otros aspectos, si se realiza un adecuado seguimiento de egresados.

El presente trabajo, inicia con una breve descripción de las características de los sistemas educativos de cada uno de los países en cuestión. Aquí, se hace referencia a los organismos encargados de velar por la calidad educativa, sus funciones y alcances. Más adelante, se describe la importancia de los estudios sobre los graduados universitarios como estrategia de mejoramiento de la educación. Continuamente se pone énfasis en la importancia de implementar políticas de seguimiento de graduados y normas que avalen dicha acción.

El objetivo de este ensayo es pasar revista a las políticas de seguimiento, o ausencia de las mismas, de graduados de Argentina, Chile y Colombia, y por otro lado, presentar un debate acerca de cómo esto incide en el progreso de la educación superior.

A los fines de este trabajo, el análisis sobre las políticas de seguimiento de graduados se basará en instituciones de gestión estatal.

Es necesario entender que el concepto de egresados en algunos países hace referencia a aquellos estudiantes que finalizaron sus estudios superiores, en cambio el graduado es aquel que concluyó sus estudios de grado y tiene en su poder su certificación. De todos modos, el significado más exacto de egresar es formarse, y se usa como sinónimo de graduarse. Aquí, se hará referencia a ambos conceptos como sinónimos.

El trabajo ahondará en cuestiones profesionales del campo educativo, jerarquizando el contenido en diversos puntos, utilizando gráficos, tablas, cuadros comparativos con el objeto de generar un análisis comparado sobre el planteo preliminar.

El sistema de educación superior universitario

Argentina

El sistema de educación superior en Argentina posee características específicas referidas a su estructura. En el marco de la Ley Federal de Educación N° 24195/93 se sanciona la Ley 24.521 en 1995, la que estableció la estructura del sistema de educación superior, el cual está integrado por universidades e institutos universitarios y no universitarios. Esta organización corresponde a lo establecido en el artículo 1° de la Ley de educación superior. Actualmente, el sistema universitario argentino está formado por 48 Universidades Nacionales, 50 Universidades Privadas, 6 Institutos Universitarios Estatales, 14 Institutos Universitarios Privados, 3 Universidades Provinciaesl, 1 Universidad Extranjera y 1 Universidad Internacional (Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, 2015). Por otro lado, en Argentina las instituciones estatales son financiadas por el Estado Nacional, mientras que las instituciones privadas son de particulares, conformadas como asociaciones civiles sin fines de lucro, la mayoría de ellas fundaciones. Las instituciones universitarias nacionales otorgan títulos de grado (licenciaturas, ingenierías, etc.) y postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados), y también títulos de pregrado, como títulos intermedios.

Es precioso mencionar que en la década de los 90 existió una notable expansión del sistema educativo argentino. En este período se crearon 9 universidades nacionales y se autorizaron 23 universidades de gestión privada. Este proceso no tuvo una clara legislación que regule a las mismas instituciones (Lamarra, 2009).

La Ley 24.521 marcó precedencia en la educación superior argentina, debido a que en esta legislación se establece a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria -CONEAU- como la organización que posee facultades de evaluación institucional y acreditación de las carreras de grado y posgrado, para lograr el aseguramiento de la calidad en la educación. A partir de allí, la educación superior se comenzó a regular bajo un estricto control.

Para lograr un análisis más claro del panorama local, a continuación se detallan una serie de datos estadísticos. 

Fuente: Anuario de estadísticas de la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Argentina, 2014

Figura1. Evolución de la cantidad de estudiantes de títulos de pregrado y grado. Instituciones universitarias de gestión estatal. Período 2001 -2011. Fuente: Anuario de estadísticas de la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Argentina, 2014

Tabla 2. Egresados de títulos de pregrado y grado, tasa promedio de crecimiento anual según institución . Instituciones universitarias de gestión estatal. Período 2001 - 2011

Fuente: Anuario de estadísticas de la Secretaría de Políticas Universitarias,
Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Argentina, 2014

Dado el crecimiento del número de egresados, Duarte (2003) manifiesta que las formas de acceso a las universidades en la Argentina generan una gran controversia polarizada en la sociedad. En primer lugar, están quienes poseen políticas de ingreso libre asociándolo a la posibilidad de una democratización universitaria y, por el otro, quienes amparan políticas de ingreso llamadas selectivas, los cuales aseguran mantener la calidad en la educación superior.

La identificación de las políticas de admisión en Argentina a nivel nacional y local podría servir para mejorar las actuales opciones de política de acceso. Sin embargo no existe información sistematizada sobre los distintos sistemas de admisión.

Si se pone el foco en el tema central, caso Argentina, las políticas de seguimiento de graduados universitarios son decisiones exclusivas de cada Casa de Estudios. Con la creación de la CONEAU, se establecen algunos lineamientos sobre el análisis de la información sobre el seguimiento de egresados.

Chile

En la República de Chile, la educación superior está regulada por Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) N°18.962 publicada el 10 de marzo de 1990. La misma normaliza la creación y disolución de las instituciones de educación superior, funcionando como ley marco para todas las normas vigentes en educación superior.

El sistema de educación chileno considera tres tipologías de instituciones de educación superior: universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, y reconoce oficialmente tres tipos de certificaciones académicas: títulos técnicos de nivel superior, títulos profesionales y grados académicos (Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, 2014).

En Chile existen distintos tipos de universidades, las universidades estatales: creadas por ley, pertenecen al Estado de Chile y son 16 instituciones. Las universidades particulares con aporte del Estado son universidades privadas creadas antes de 1980 o derivan de ellas, son 9. Y las universidades privadas, que son todas las universidades creadas después de 1980, a partir de lo establecido en el Decreto de Fuerza de Ley -DFL- 1 de 1980 o la Ley 18.962 de 1990, son 35.

Los institutos profesionales sólo otorgan títulos profesionales de aquéllos que no requieran licenciatura, y títulos técnicos de nivel superior en las áreas en que otorgan los anteriores. En la actualidad existen 45 institutos profesionales. Los centros de formación técnica sólo otorgan el título de técnico de nivel superior. En la actualidad existen 74 centros de formación técnica.

A las universidades se accede realizando un examen, organizado por el Consejo Nacional de Rectores, universidades adscritas y administradas por la Universidad de Chile.

En 1990 se creó el Consejo Superior de Educación, organismo público, creado por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, con el objetivo de administrar un nuevo sistema de supervisión de universidades e institutos profesionales privados mencionado, en ese momento, como acreditación. De este modo, en 1999, nace la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), con el fin de diseñar y proponer un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de conducir procesos experimentales de acreditación, entendido esto como la evaluación periódica de la calidad de instituciones de educación superior autónomas.

El trabajo de la Comisión se tradujo en la dictación de la Ley 20.129, publicada el 17 de noviembre de 2006, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior y crea la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo público de carácter autónomo encargado de verificar y promover la calidad de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos de las carreras y programas de estudios que ofrecen. Este brinda algunas pautas generales sobre el seguimiento de graduados en la educación superior, requerido por las instituciones (Consejo Nacional de Educación [CNE], 2014)

Chile ha experimentado un fuerte crecimiento en todos los niveles de su sistema de educación. Al año 2007, la cobertura bruta por nivel alcanzaba un 38% en educación superior. En este nivel, la matrícula total se ha duplicado en los últimos 10 años y prácticamente triplicado desde la recuperación de la democracia en 1990. Cabe destacar que, desde principios de los años 90, el sistema de educación superior alcanzó un tamaño tal que, internacionalmente comparado, adquiere las características de un sistema masivo. Su crecimiento constante observado en los últimos 20 años lo acerca actualmente a un sistema con características de acceso universal (Zapata y Tejeda, 2009b).

Figura 2 Evolución de la matrícula de la educación superior de Chile en 1983-2008 Fuente: Ministerio de Educación de Chile, 2009

Figura 3. Evolución de los titulados de pregrado en Educación superior en Chile 1999-2008 Fuente: Ministerio de Educación de Chile, 2009

En términos generales, es posible apreciar un incremento progresivo de los alumnos titulados de período de estudio que considera la evolución desde el año 1999 al 2008, los titulados registrados en el pregrado alcanzaban los 35.771 estudiantes. Y luego, este número aumentó a 90.947 estudiantes. En el siguiente cuadro, se puede analizar que la tasa de crecimiento anual de pregrado para el año 2008 es de un 9,8% (Zabalza, 2011).

Colombia

La educación superior en Colombia está reglamentada por la Ley 30, dictada en el año 1992, y tiempo después se complementó con otras normas legales. Un claro ejemplo es la Ley 115 de 1994 que establece a la educación superior como un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado. La educación superior en este país es ofrecida por instituciones técnicas profesionales, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades.

En Colombia, existen 31 universidades, 15 instituciones universitarias/escuela tecnológicas, 6 instituciones tecnológicas y 9 instituciones técnica profesional (SNIES - Observatorio Laboral para La Educación – SENA, 2014).

La Ley 30 define el carácter y autonomía de las instituciones de educación superior, el objeto de los programas académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza. Por su parte, el Decreto 2566 de 2003 reglamentó las condiciones de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y perfeccionamiento de programas académicos de educación superior, norma que fue derogada con la Ley 1188 de 2008 que estableció de forma obligatoria las condiciones de calidad para adquirir el registro calificado de un programa académico. Para esto las instituciones de educación superior, además de indicar el cumplimiento de condiciones de calidad de los programas, se ven obligadas a aclarar ciertas condiciones de calidad de naturaleza institucional.

A esta normatividad se le añade la Ley 749 de 2002, que organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, extiende la definición de las instituciones técnicas y tecnológicas, hace énfasis en lo que concierne a los ciclos propedéuticos de formación, constituye la posibilidad de transferencia de los estudiantes y de articulación con la media técnica.

En referencia al tema de evaluación y acreditación, el Decreto 1655 del año 1999 decide la creación de la Orden a la Educación superior y a la Fe Pública "Luis López de Mesa", para exaltar y enaltecer los programas académicos de Educación superior que mediante un proceso de acreditación voluntaria contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación Colombiana. Este proyecto se inicia para generar un estímulo y reconocer a las instituciones y a los programas que voluntariamente se sometan al proceso de acreditación y para el efecto dispone la creación de una Orden especial que a la vez reconoce y recuerda a uno de los personajes colombianos que más ha influido en la formación de nuestra nacionalidad. (Ministerio de Educación de Colombia, 2014)

Se pueden encontrar otros Decretos que organizan la educación superior, entre ellos: los 2230, 2232, 2233 del 2003 y el Decreto 2566 del mismo año que establece las condiciones de calidad programas académicos e instancias mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y dicta otras disposiciones, el 3678 de 2003, el 1781 de 2003 dispone las normativas reglamentarias sobre los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación superior (ECAES). En éste se señala que los ECAES deben comprender aquellas áreas y componentes fundamentales del saber que identifican la formación de cada profesión, disciplina u ocupación, de conformidad con las normas que regulan los estándares de calidad señalados en el ordenamiento jurídico vigente. Además, el Decreto 2414 de 2004 y la Resolución 183 de 2004 - MEN - Organización de la CONACES, la cual regula la definición de la organización de la "Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación superior" -CONACES-, que dictamina normativas por medio de las que se define la organización de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación superior, CONACES. También, se puede encontrar el Acuerdo 6 del Consejo Nacional de Educación Superior  en 1995 - Políticas Generales del Sistema Nacional de Acreditación-, en donde se constituye la adopción de políticas generales de acreditación y se suprimen las normas contrarias.

Específicamente en Colombia, el Decreto 2566 del 2003 establece que las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior son, entre otras, las “Políticas y estrategias de seguimiento a egresados” (punto 13)  (Decreto 2566, Ministerio de Educación de Colombia, 2003).

La Ley 1188/08  regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones. La Ley 30/92, enuncia a los egresados como un componente que está contemplado en el fomento de la Calidad en las Instituciones de Educación Superior.

Melo (2014) destaca la prioridad que desde los años treinta del siglo pasado se otorgó a la educación superior con el fin de responder al proceso de urbanización y a las necesidades de desarrollo del país colombiano. Más allá de la voluntad de varios gobiernos por ampliar el acceso de la población a este nivel de formación académica, la tasa de cobertura apenas creció de 3,9% en 1970 a 8,9% en 1980 y a 13,4% en 1990. Durante los últimos 20 años, el acceso a la educación superior aumentó a una mayor proporción, lo que representó una tasa de cobertura bruta de 24,0% en el año 2000 y de 42,4% al final de 2012.  En este período, la población matriculada a nivel de pregrado ascendió de 487.448 estudiantes en 1990 a 1.841.282 en 2012, lo que incorporó una ampliación de los cupos aproximada a 278%. Es conveniente señalar que gran parte del incremento reciente de la cifra de matriculados tiene origen en la expansión de cupos para educación técnica y tecnológica que transitaron de 183.319 en 2002 a 622.746 en 2012. Este crecimiento refleja la política de educación superior durante la última década, la cual dio prioridad a este tipo de formación. Por tal motivo, mientras la tasa de cobertura en educación técnica y tecnológica ascendió de 4,8% en 2002 a 14,3% en 2012, en el nivel profesional esta tasa creció del 19,6% en el primer año a 28,1% en el último.

Matrícula y tasa bruta de cobertura en educación superior a nivel de pregrado 2002-2012 – Colombia. Fuente: Ministerio de Educación de Colombia, 2014

Calidad en la educación superior

La inquietud por la calidad educativa en América Latina es un denominador común, aún resulta ineficiente la consolidación de los sistemas de aseguramiento y garantía de la calidad. Tanto en Argentina, Chile como Colombia se pusieron en funcionamiento diversos mecanismos, en algunos casos efectuados a través de procedimientos jurídicos y legales, ya sea en pos de la apertura o el aseguramiento del funcionamiento de la institución educativa (Lamarra, 2007).

Para la UNESCO (2014), la calidad de la educación debe “mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables (…)”. La calidad de la educación fue un aspecto central de los objetivos establecidos en el Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en Dakar (Senegal) en 2000.

Siguiendo esta línea, Lamarra (2007) afirma que:

(…) paulatinamente los procesos de evaluación y acreditación van permitiendo superar las tensiones planteadas en los primeros años de la década del 90 polarizadas en la dicotomía ‘autonomía universitaria versus evaluación’, lo que ha posibilitado una cierta maduración de la “cultura de la evaluación” en la Educación superior (p.34).

En la actualidad, el trabajo en el campo educativo superior es atravesado por la preocupación en la conservación, perfeccionamiento y respaldo de la calidad, lo que conlleva una modificación en el modo de trabajo y búsquedas de estrategias prácticas.

Desde la UNESCO (1995)  se observan progresos en varias esferas de las actividades humanas y se detectan una serie de procesos simultáneos y a veces contradictorios de democratización, mundialización, regionalización, polarización, marginación y fragmentación. Todos ellos incurren en el desarrollo de la educación superior y demandan de ésta respuestas apropiadas. La búsqueda de soluciones a los problemas derivados de estos procesos depende, en gran medida, del tratamiento de la educación superior.

Ahora bien, teniendo en cuenta estas disposiciones es preciso contar con las perspectivas particulares sobre calidad de los países seleccionados añadiendo información a lo ya presentado en la primera parte del trabajo.  

En el caso de Argentina, establecida por la Ley N° 24.521 del 1995, la evaluación y la acreditación universitaria se transformaron en una política de Estado. El país cuenta actualmente con un sistema de  estándares mínimos que garantiza la calidad de la formación académica en las instituciones universitarias estatales y  privadas. El sistema de garantías que se logró constituir en la Argentina trabaja a favor de la equidad y la disminución de las diversas asimetrías que afectan la calidad institucional y académica (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria –CONEAU- Argentina, 2012).

El afianzamiento de la evaluación universitaria fue posible por la implementación de la política de calidad puesta en marcha. En tanto que en otros países se extienden sistemas de evaluación y acreditación de carácter voluntario (que profundizan las diferencias entre instituciones, puesto que se presentan las ya consolidadas), la obligatoriedad en el sistema permite que el acceso al reconocimiento académico sea posible para todas las instituciones, carreras de grado y posgrado, docentes, estudiantes y graduados. Por otra parte, la acreditación de carreras de grado declaradas de interés público, lejos de excluir a aquellas que muestran dificultades, las implica a través de la elaboración de planes de mejora en el marco del mismo proceso de acreditación.

Las evaluaciones de la CONEAU son el sostén para orientar inversiones directas en áreas prioritarias a través del Ministerio de Educación Nacional. Esta forma de análisis de los programas que define “compromisos de mejoras” para las unidades académicas produce, en el mediano y largo plazo, carreras fortalecidas con diseños unificados y debilidades subsanadas. Por el tiempo transcurrido cabe afirmar que ha nacido, de esta manera, como garantía de calidad, un sistema de evaluación permanente para las instituciones universitarias argentinas. Definitivamente, la constitución colegiada del organismo, la estabilidad y profesionalización del equipo técnico y la participación de las comunidades académicas en la figura de los pares evaluadores han permitido la construcción de una noción de calidad que tiene la virtud de que converja en la evaluación el respeto a la autonomía y la diversidad de proyectos institucionales.

En Chile, bajo la Ley General de Educación Nº 20.370 del 1990, se creó el Consejo Nacional de Educación (CNED) como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Consejo mantiene todas las funciones del anterior Consejo Superior de Educación y asume otras nuevas. En cuanto a la educación superior, el Consejo desarrolla las funciones de licenciamiento de nuevas instituciones; es la instancia de apelación de decisiones de acreditación adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y apoya al Ministerio de Educación en las decisiones de cierre de instituciones de educación superior, tanto en licenciamiento como autónomas (Consejo Nacional de Educación de Chile [CNE], 2014).

Además, el CNED pone a disposición información a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema de educación terciaria y promueve la reflexión y la investigación en el ámbito educacional. La misión del Consejo Nacional de Educación se orienta a cautelar y promover, de manera prioritaria, la calidad de la educación. Desarrolla sus funciones en el marco del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar y del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación superior.

Por otra parte, a la CNA le corresponde verificar y promover la calidad de la educación superior por medio de la acreditación institucional de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos. Favorece eficaz y rigurosamente al desarrollo de la calidad de educación superior chilena, a través de la certificación pública de los procesos y resultados de instituciones y sus programas y de la promoción de la cultura del mejoramiento continuo.

En Colombia, la Constitución Política (1991) consagra la autonomía universitaria a través del Artículo 69:

Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.

Por medio de la Ley N°30 de 1992 se establece que la Educación superior debe ser un servicio público cultural, inseparable a la finalidad social del Estado.

Bajo esta misma legislación se creó el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de educación superior (CNE, 2014).

Específicamente, a través del Decreto 2904 de 1994 se determinan algunos lineamientos de funcionamiento del Sistema Nacional de Acreditación. Por otra parte, el Decreto 2230 de 2003 establece los objetivos, funciones, dirección, integración del sector administrativo de la educación, estructura del Ministerio de Educación Nacional. Además, en Colombia existe el Acuerdo N° 06 de 1995, por el cual se adoptan las políticas generales de acreditación y se derogan las normas que sean contrarias. Allí se definen los fundamentos, características, actores, procedimientos del Proceso Nacional de Acreditación.

El Sistema Nacional de Acreditación, es el conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema cumplen con los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. La Acreditación es un reconocimiento oficial que da el Estado sobre la calidad de un programa o institución con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación.

Este proceso ha estado muy ligado desde sus inicios a la idea de la autonomía y la autorregulación, complementada con la exigencia de rendición de cuentas que se hace a la Educación superior desde distintos sectores sociales. Por tal motivo debe subrayarse que la legitimidad del Sistema está fuertemente ligada con los propósitos de la comunidad académica misma y sus interacciones con la sociedad. Dicha legitimidad es el resultado de una larga deliberación en la que se han venido logrando consensos alrededor de los puntos centrales del Sistema: el modelo y sus fases, el concepto de calidad, los factores y características, la metodología para la autoevaluación, la evaluación por pares, etc. La evaluación externa se entiende como un complemento a estos procesos y, por lo tanto los actos de acreditación expresan fundamentalmente la capacidad de autorregulación de las instituciones.

En Colombia, el proceso de acreditación no surge en el marco de la inspección y la vigilancia del estado, sino en el de fomento, reconocimiento y mejoramiento continuo de la calidad. De hecho, hoy se reconoce que la principal y más efectiva inversión realizada en el contexto de la acreditación, no es propiamente la implantación del modelo mismo y de sus procesos evaluativos, sino la inversión en la aplicación de planes de mejoramiento institucional y de programas, que han diseñado las instituciones como requisito para su entrada en el sistema o como resultado de la autoevaluación y los informes de los pares académicos (Consejo Nacional de Acreditación –República de Colombia, 2014). Se puede decir que en Colombia la acreditación es de naturaleza mixta, en tanto está constituida por componentes estatales y de las propias universidades.

Ahora bien, es necesario pensar que más allá de la implementación de estas políticas no se debe permitir que la educación se convierta en una respuesta constante a las evaluaciones, sino que se logre construir un sistema eficiente y que dé soluciones a las necesidades actuales. Es fundamental que las políticas de seguimiento de egresados sean parte, y posean un papel clave en el sistema educativo superior, ya que serán estos resultados quienes darán una perspectiva clara y precisa de la condición de los egresados y su rendimiento en el entorno.  

El seguimiento de graduados en la educación superior

A continuación se desarrollan las relevancias del estudio sobre el seguimiento de graduados de educación superior, no sólo en la institución, entre instituciones, sino que además a nivel nacional para luego realizar un análisis comparado.

La perspectiva sobre el proceso que transitan sus graduados le brinda información a cada institución en el marco de la educación superior. No sólo por el hecho de construir bases de datos sólidos y actualizados, sino además para conocer en dónde están los egresados de la institución, qué función desempeñan en la sociedad, su formación docente e interés por la formación de posgrado, entre otros.  

Tal como lo informa la Universidad Católica de Pereira (Colombia) en sus comunicaciones formales (2011), tener datos precisos y trabajar sobre esta temática colabora en impulsar líneas de trabajo que acompañen el aumento de los niveles de desarrollo humano y equidad social regional y nacional. De este modo, el desempeño de los profesionales egresados de las instituciones de educación superior resulta clave para el mejoramiento, estancamiento o disminución tanto de la riqueza social como de los niveles de productividad y competitividad local y nacional, en ambientes que demandan mayores estándares en estos ámbitos. Los egresados continuarán siendo un segmento activo de las comunidades universitarias y como así también de la sociedad. Su desempeño está determinado por sus fundamentos profesionales y su responsabilidad social, así como por el mercado laboral y el entorno en el que se desenvuelve.

Dadas estas características, las instituciones de educación superior precisan formalizar una exploración constante sobre el desempeño de sus graduados con el objetivo de detectar si los niveles de congruencia de la formación recibida, la situación laboral actual, el tipo de actividades que desarrolla, su lugar de residencia y la formación de posgrado es acorde con el proyecto de formación institucional a nivel conceptual, pedagógico y social. Esto debería extenderse a lo largo de toda Latinoamérica, con el fin de poder conocer la situación de los colectivos de graduados de educación superior.

En la década de los 80, el vínculo universidad-sociedad cambia en un marco en donde convergen evoluciones esenciales sucedidas en el campo de la educación superior, que se relaciona con la expansión, el financiamiento, la diversificación y el incremento de la propuestas privadas educativas, así como la consolidación de la internacionalización institucional, pero además con las nociones de pertinencia, eficiencia y universalidad.

Actualmente, tiene lugar una coyuntura económica, social y cultural en la cual se priorizan los intercambios de valores pero también la movilidad de los sujetos y del conocimiento. Ahora bien, es preciso tomar las palabras de Ulrich Teichler (2003), las cuales hacen referencia a que en los años 70 la visión optimista sobre las relaciones entre la enseñanza superior y el empleo fue desapareciendo, y comenzó la inquietud por la relación entre la progresiva tasa de graduados y las escasas oportunidades de ocupación que tenían lugar en este entonces. Por este motivo, el debate hizo foco en evaluar las reformas curriculares adecuadas para optimizar las oportunidades de empleo. Como se explicó anteriormente, en la década del 80, el eje se instaló en la necesidad de que a través de la educación superior se pueda comenzar a reflejar las diversas necesidades del mercado laboral de trabajo, para luego poder preparar a los estudiantes para estos nuevos requerimientos. En esta época, el vínculo entre la educación superior y el mundo laboral no era un tema de agenda en la sociedad, tanto como otros temas de política universitaria. Más adelante, en la década de los 90, se incrementó nuevamente el interés por las relaciones entre la Educación superior y el campo laboral. Dicha tendencia sigue en alzas en la primera década del siglo XXI (Teichler, 2003).

Hoy, las políticas de seguimiento de graduados constituyen cada vez más un valioso conjunto de decisiones que aportarán información relevante sobre esta relación y determinará los factores que intervienen en el proceso de inserción laboral del egresado, que van desde aspectos personales, socio-económicos, de análisis de las trayectorias y de su comportamiento durante su vida académica.

Este proceso, como muchos otros, fue y está actualmente acompañado por la problemática de la inercia burocrática y la falta de adaptación a los nuevos factores que se suceden en un contexto de constantes cambios. Lo cual a veces termina generando estructuras dispares que poco tienen que ver con los objetivos prioritarios de las Casas de Altos Estudios. La diversidad académica, el pluralismo institucional y la participación de los estudiantes y graduados deberían ser compatibles con la existencia de una organización coherente con sus principios y mecanismos de gestión universitaria. Con el objeto máximo de alcanzar una transformación exitosa e implicar a nuevos actores sociales (Martínez, 2013) es importante que estas decisiones sean en pos de mejorar los trayectos formativos y adaptarlos a las necesidades actuales.

De este modo, las universidades se transforman en un núcleo de talentos en formación para el mundo laboral y en una formidable fuente de integración de actores capacitados y competentes para desafiar las nuevas exigencias en el campo del trabajo. Esto se dará siempre y cuando el proceso de aprendizaje y, específicamente, los contenidos estén orientados respecto a la situación presente. Se sabe que las universidades no sólo ofrecen contenidos teóricos, sino que además brindan otro tipo de conocimientos utilizables fuera del espacio áulico, el cual será sumamente imperioso para triunfar en la realidad laboral actual.

Estos conocimientos requeridos, basados en las competencias necesarias del mercado del trabajo, podrán ser percibidos con un eficiente estudio que detecte, diferencie y evalúe la condición y situación de los egresados como actores sociales claves. Esta información y contenido servirán para el mejoramiento del trayecto formativo de los que ingresan, convirtiéndose en un sistema que requiere del entorno para fortalecerse.

Los procesos de inserción laboral de los egresados de educación superior se identifican por su elevado nivel de heterogeneidad al coexistir una multitud de factores académicos laborales y personales que pueden implicar en sus oportunidades laborales. La transformación proyectada orientada a los estándares de calidad de las titulaciones universitarias no se plantea como una mera cuestión de reorganización de los planes de estudio, sino que además, la actividad formativa se centra en el aprendizaje activo del estudiante. Esto hace referencia a la enseñanza basada en competencias, antes mencionada, que supone la adquisición de conocimientos, pero que incluye también la suscitación de actitudes y el entrenamiento en destrezas o habilidades (Naval, 2008).

Por lo tanto, la enseñanza superior opera como agente facilitador al acceso a mayores oportunidades laborales. Esto es posible cuando dichas instituciones ofrecen un trayecto formativo completo y apropiado a las necesidades del graduado. Y dicha adaptación será posible con una política que establezca estudiar a estos sujetos, sus conductas y su trayectoria posterior, luego de finalizar el trayecto de grado.

A modo de ejemplo, se seleccionaron tres casos de Universidades estatales de cada uno de los países en cuestión.

En Argentina, se encuentra la Universidad Nacional de La Matanza, situada en el conurbano de la Provincia de Buenos Aires, de carácter estatal. Dicha institución cuenta con un área de graduados denominada Dirección de Graduados, allí se centran las actividades destinadas a la vinculación con el egresado. Ésta forma parte de la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) que actúa como nexo entre los egresados, la institución y la sociedad en su conjunto. A través de esta Dirección, la Universidad genera actividades que le permite un estudio del graduado en su aspecto profesional y su satisfacción con el trayecto formativo. La Dirección, posee los siguientes objetivos de trabajo (Dirección de Graduados UNLaM, comunicación personal, 2014):

1. Generar un canal de comunicación entre los graduados y la Universidad.
2. Fortalecer el vínculo de la Universidad con los graduados, permitiendo así continuar con el desarrollo académico.
3. Ofrecer orientación profesional a través de una Mesa de Ayuda, consolidada por especialistas de cada área.
4. Otorgar las herramientas necesarias, a fin de alcanzar una constante actualización profesional.
5. Seguir construyendo una Bolsa de Trabajo que permita la inserción laboral de los graduados en el mercado actual.
6. Realizar un seguimiento constante de la evolución de cada uno de los graduados de esta Casa de Altos Estudios, el cual permita identificar la inserción de los mismos en el ámbito científico, académico y social, como también el impacto de su presencia en el medio.

Las actividades centrales se basan en las actualizaciones profesionales, eventos académicos y de índole social, que generan un retorno del graduado a su institución formativa. Además, la Dirección cuenta con una línea de investigación acerca de la inserción laboral de los graduados de distintas cohortes, esto conlleva la realización de encuestas para conocer el estado de cada uno de los egresados. El primer contacto que se genera con el sujeto es en el momento del acto de colación, en donde se hace la entrega de una carta de bienvenida, se comunica la función de esta área y se los invita a formar parte de este Proyecto. La Universidad participa en la Red de Universidades del Conurbano Bonaerense [RUNCOB], específicamente de la sub-comisión de Información Académica – Estudios y Seguimiento de Inserción Laboral de los Graduados, lo que permite trabajar en conjunto con otras universidades todo lo referido a los estudios de seguimiento. En esta sub-comisión se construyó un dispositivo de estudio para evaluar la trayectoria laboral, los niveles de satisfacción con la carrera y el interés sobre la formación de posgrados de los graduados. Dicha encuesta se realiza en el egreso, a los 2 y a los 5 años de su graduación, lo que permitirá conocer el panorama de inserción laboral en función al tiempo (Universidad Nacional de La Matanza, 2014).

Todas estas acciones son específicas de esta Universidad, y se organizan como políticas internas que persiguen el lineamiento del Proyecto -Institucional- Educativo.

En el caso de Chile, analizamos la Universidad de La Serena como parte del Consorcio De Universidades del Estado de Chile. Esta Institución cuenta con un proyecto de seguimiento a egresados. La Universidad considera este espacio como una instancia de vinculación con el medio, al ser la responsable de proveer información referida a la situación de la empleabilidad y el progreso laboral de los egresados de la Universidad formando un puente entre las necesidades de inserción laboral de los egresados y los requerimientos del mercado laboral. En primer lugar, la Institución cuenta con una Oficina de Seguimiento de Egresados [OSE] y un Portal de Empleo (Universidad de La Serena, 2014).

La OSE se ocupa de cumplir el compromiso establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo (2010 -2014). Esta área realiza un rol de coordinador y enlace de la red institucional de seguimiento de egresados y promotor de acciones concretas de vinculación en este campo con el medio distinguido de los distintos programas de formación, asistido por la Oficina de Vinculación con el Medio. Esta dependencia actúa como sensor de los cambios del entorno que permitan retroalimentar el mejoramiento continuo de los programas de formación que ofrece la corporación.

Dentro de las acciones que genera esta Oficina, se creó una campaña para evaluar la empleabilidad de sus titulados y su desarrollo en el ámbito laboral. Por otro lado, cuentan con un Programa de fortalecimiento de capacidades, que es planificado según los requerimientos laborales (Universidad de La Serena, 2014).

En sus comunicaciones institucionales, la Universidad de La Serena presenta las funciones que posee la OSE:

1. Fortalecer las competencias para la Inserción Laboral de los estudiantes con Perfil de Egreso.
2. Articular las primeras redes para la empleabilidad.
3. Monitorear las trayectorias laborales e indicadores de ingreso y empleabilidad de los egresados, titulados y graduados.
4. Retroalimentar las instancias de planes de estudio para apoyar la calidad y pertinencia de la    formación de la Universidad.

Estas acciones son propias de la Institución, en tanto la organización, la planificación y la ejecución dependen de la Universidad. Ahora bien, es correcto aclarar que el Portal de Empleo respeta una linealidad y presenta un apoyo institucional del Ministerio de Educación y su Programa de Inserción laboral.

A su vez, la Universidad del Valle de Colombia posee un Plan Estratégico el cual se creó en base a los resultados de un proceso colectivo y participativo sobre las alternativas de desarrollo para los próximos años (2005-2015). En esta propuesta se pueden observar cinco propósitos estratégicos a través de los cuales es posible formular líneas de acción desde la Universidad en pos de mejorar el desempeño y facilitar respuesta a las necesidades de la Comunidad Universitaria y de la sociedad. Allí se deja en claro y se definen las estrategias que se deben poner en funcionamiento y las responsabilidades en el cumplimiento de los objetivos del plan. La universidad pública posee un compromiso distinguido en estímulo a la capacidad de organización social de las regiones. Esto se lleva adelante en el fortalecimiento del tejido social, la coordinación de múltiples actores de diversa índole y el fomento de un comportamiento colectivo destinado a compartir el conocimiento, generar crecimiento económico y transformarlo en desarrollo humano sostenible. Desde la Universidad, se hace foco en el objetivo general, se puede decir que éste se basa en  “Ordenar, concretar y fortalecer la vinculación y comunicación con el entorno social, político y económico para contribuir a la solución de problemas críticos de la región, del país y a la construcción de un proyecto cultural, ético y democrático” (Universidad del Valle, 2014).

Una de las líneas de acción de dicho Plan tiene que ver con la extensión y proyección social, en donde las Políticas se centran en las siguientes actividades basadas en los egresados de la Universidad:

1. Fortalecer la promoción, coordinación y seguimiento de actividades relacionadas con programas para egresados.
2. Educación continua (cursos, certificaciones y diplomados).
3. Planes de capacitación institucional, contribuyendo a la proyección social de la Universidad por medio de asesorías y consultorías, servicios tecnológicos, emprendimiento, convenios   interinstitucionales y prácticas - pasantías.

Y específicamente las estrategias de vinculación tienen que ver con:

1. Diseño y puesta en marcha de un sistema institucional de extensión de la Universidad del Valle.
2. Ampliación del portafolio de programas de educación continuada y demás servicios     educativos de la Universidad del Valle.
3. Fortalecimiento de la integración de la Universidad al sector productivo público y          privado buscando una mayor cooperación interinstitucional con los diferentes actores sociales por medio de la ampliación y fortalecimiento de los convenios interinstitucionales de carácter público y privado.
4. Organización y puesta en marcha de un proceso de seguimiento y vinculación de los   egresados.
5. Ampliación de la oferta y oportunidades de prácticas profesionales para los estudiantes.
6. Fortalecimiento de los programas de emprendimiento universitario.

La Universidad del Valle creó el Programa Institucional de Egresados el 28 de enero de 2005, mediante la Resolución Nº 004 del Consejo Superior, como una estrategia de proyección social para mantener, mejorar y promocionar las relaciones de la Universidad con sus graduados, en la búsqueda de fines académicos, laborales y culturales. Este Proyecto se encuentra enmarcado en la Vicerrectoría Académica bajo la responsabilidad de la Dirección de Extensión y Educación Continua. Nos encargamos de coordinar las acciones que adelantan las Facultades e Institutos Académicos a favor de sus egresados, con sus políticas y actividades generales debidamente articuladas como parte de una Estrategia Institucional.

Propósitos

Promovemos a través de las diferentes Unidades Académicas de la Universidad, las relaciones de integración entre los egresados y la Universidad;

Mantenemos en comunicación permanente con los representantes de las asociaciones de egresados de las diferentes instancias académicas y administrativas de la Universidad, para que coordinen actividades conjuntas en materia de egresados;

Hacemos partícipes a los egresados de los eventos de carácter científico, tecnológico y cultural que programe la Universidad del Valle.

En el marco de este Programa, funciona el Observatorio Laboral, a través del cual se busca dar a conocer cuál es la proyección laboral de los egresados de la Universidad del Valle, presentar los aspectos claves sobre la incidencia de los graduandos en el desarrollo de la región y acceder a conocer y evaluar la competitividad de la Universidad como un centro formador de profesionales. Dicho Proyecto respeta las políticas de lineamiento de trabajo del Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación de Colombia. El Observatorio Laboral para la Educación, un sistema de información del Ministerio de Educación Nacional, soporta la política educativa en los ejes de calidad, cierre de brechas e innovación y pertinencia, de forma que responda efectivamente a las necesidades productivas y sociales del país. Este instrumento hace parte de las herramientas que requiere Colombia para generar información sobre la oferta laboral y la identificación de necesidades de recursos humanos para el país.

En términos generales, es determinante entender que el seguimiento de graduados contribuye a maximizar la calidad educativa del nivel superior.

A continuación se presenta una tabla resumiendo las políticas de seguimiento de graduados, estableciendo metacategorías y en algunos casos sus equivalentes funcionales:

En resumen se puede concluir que Argentina no posee políticas formales a nivel nacional sobre el seguimiento de graduados universitarios. A través de la Resolución N°  382/11 de la CONEAU se establecen los “Criterios y procedimientos para la evaluación externa”, y allí se especifica que es necesario analizar las políticas de seguimiento de graduados, programas o proyectos, si los hubiese. Esto da la pauta que no es una política obligatoria. Entonces, este tema queda sujeto a las decisiones de cada una de las instituciones.

En Chile, se puede percibir un desarrollo más específico sobre el tema. En la Ley 20.119, se requiere presentar políticas y mecanismos que resguarden un nivel satisfactorio de seguimiento de egresados –entre otros-  para asegurar el cumplimiento de sus propósitos en otras funciones institucionales (Art. 18, ítem 3), con el objeto de lograr un cumplimiento óptimo del perfil del egresado, mecanismos formales y sistemáticos de evaluación, seguimiento de egresados y consulta al medio externo. Estas políticas deberán generar indicadores que aporten información de las titulaciones y el egreso.

Por otro lado, en Colombia, en el Artículo 14  del Decreto 2566/03 se constituyen las condiciones mínimas de calidad educativa, entre las que menciona como una condición central de calidad  las “políticas y estrategias de seguimiento a egresados”. Las instituciones deberán demostrar la existencia de políticas y estrategias de seguimiento a egresados que permitan valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral de sus egresados, para su revisión y reestructuración, cuando sea necesario, faciliten el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área de conocimiento por parte de los egresados, y estimulen el intercambio de experiencias profesionales e investigativas.

Asimismo, en el Artículo 2 de la Ley 1188, se puede observar la determinación de la necesidad de contar con "la existencia de un programa de egresados que haga un seguimiento a largo plazo de los resultados institucionales, involucre la experiencia del egresado en la vida universitaria y haga realidad el requisito de que el aprendizaje debe continuar a lo largo de la vida (…)”   

El Ministerio de Educación de la Nación colombiano ha tomado cartas en el asunto y ha creado un organismo encargado de generar políticas de seguimiento de graduados universitarios que posibilita estar al tanto de las condiciones laborales de los egresados y la tendencia de la demanda de profesionales en el medio. El Observatorio Laboral para la Educación es un sistema de información centrado en el análisis de la pertinencia en la educación superior a partir del seguimiento a los graduados del país y su empleabilidad en el mercado laboral colombiano. Alguna de las actividades de las que se ocupa este organismo son (Ministerio de Educación de Colombia, 2014):

• Oferta de graduados;
• perfil de los graduados;
• ingreso mensual promedio, y
• vinculación al sector formal de la economía.

Conclusiones

Luego de desarrollar las características de los sistemas educativos nacionales y pasar revista a la importancia de poseer no sólo mecanismos de aseguramiento de calidad educativa, sino también contar con políticas de seguimiento de graduados que colaboren con el mejoramiento de la calidad educativa, se llega a la conclusión que es imprescindible que exista un sistema nacional de políticas que trabajen sobre el estudio de los egresados de las instituciones de educación superior.

Viñao (2004) afirma que un sistema no es más que un todo constituido por partes y por las relaciones entre las partes. Además, se debe tener en cuenta que en un sistema "las experiencias y acciones" de quienes lo integran se entienden y explican a partir de un marco común de referencias, una "red de significados" propios (Schriewer y Harney, 1992, pág. 295, citado por Viñao 2004) que, al disociar al sistema del mundo exterior le confiere una cierta autonomía y una relativa capacidad para generar productos específicos. En esta línea, el sistema, en cuanto a articulación de subsistemas e intereses de los individuos y grupos que lo componen, se transforma en un modo de comprender el entorno del sistema y el sistema mismo, de concebir la realidad y de reaccionar ante las demandas y requerimientos que provienen del exterior.

Por esta razón, es necesario un sistema formal que atraviese localmente a cada uno de los sistemas educativos para evaluar los resultados, el producto final y su incidencia en la sociedad. Dicha necesidad, debe ser aplicada a políticas comunes que facilitarán una comparación más pertinente con los objetivos finales de detectar, evaluar y corregir las debilidades presentadas en el campo laboral. Por otro lado, este sistema deberá favorecer a la profundización y profesionalización del conocimiento acerca de la educación del nivel superior en la región, comenzando a trabajar las especificidades nacionales que serán articuladas en estándares regionales de calidad educativa. Estas políticas contribuirán al perfeccionamiento y transformación de las instituciones y los sistemas nacionales de educación superior de cada país.

Dichos estudios significarán, además, una herramienta para el cambio y la innovación en el currículo educativo del nivel superior, generando una retroalimentación positiva con el análisis de estos sujetos y sus experiencias.

En una primera instancia se deberán generar y mantener actualizadas las bases de datos para poder construir un mapeo de graduados los cuales serán, más adelante, los objetos de estudio de cada uno de estos proyectos y actividades destinadas a este fin.  

Deberá ser el Ministerio de Educación de cada uno de los países quienes deberán establecer políticas puntuales para aplicar en las organizaciones educativas, referidas al seguimiento de graduados. Para luego introducir dentro de los requisitos de certificación de calidad el cumplimiento de dichas políticas. A tales efectos será vital contar con un organismo destinado a generar estrategias, proyectos y/o programas, regular y evaluar el cumplimiento de estas acciones. Además, será provechoso  poder identificar y compartir experiencias institucionales y nacionales exitosas, así como impulsar y facilitar la cooperación entre dichos organismos.

Como ha expresado Ulrich (2013), los estudios sobre graduados universitarios han de tener en cuenta cómo perciben estos, retrospectivamente, las condiciones en que se desarrollaron sus estudios y lo que les aportaron. De esta forma, facilitan a las instituciones de enseñanza superior una valiosa información sobre sus ideas y actuaciones vistas a la luz de la experiencia profesional. Además, son necesarios para poder analizar en qué sentido la enseñanza superior “importa”; se puede determinar en qué medida las condiciones y provisiones concretas de cada centro universitario y programa de estudios realmente influyen en el empleo y el trabajo de sus graduados.

A su vez, Ávila y Aguirre (2005) afirman que los resultados de los estudios de seguimiento de egresados deben ser los indicadores de la calidad educativa y uno de los instrumentos fundamentales para la autoevaluación de las titulaciones de las instituciones.

Entonces, las políticas deberán basarse en estudios que investiguen y trabajen sobre:

1. La valoración de la oferta educativa y las posibilidades ofrecidas por la institución.
2. La evaluación de la relación estudio-trabajo-resultados.
3. Las competencias necesarias del mercado laboral actual.
4. Cómo generar conciencia en los graduados acerca del papel clave que tienen en la sociedad.
5. Los conocimientos y capacidades realmente adquiridos por los egresados.
6. Los perfiles profesionales reales de los egresados.
7. Las funciones y tareas realmente desempeñadas y ejercidas por los maestros egresados.
8. Las capacidades y perfiles demandados por los empleadores, instituciones y demás grupos de interés.
9. La apreciación de los empleadores, responsables de instituciones y grupos de interés relacionados con los conocimientos y capacidades de los egresados.
10. La estimación de los mismos egresados sobre su formación.

Finalmente, es central la sistematización formal de los estudios sobre los egresados de la educación del nivel superior, su trayectoria y experiencia para que ésta pueda contribuir al mejoramiento de cada una de las acciones en la materia en cuestión.

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